Análisis. Algunas notas sobre la lucha liberal contra el autoritarismo presidencial y contra la Iglesia.

Una de las primeras banderas de lucha de los seguidores chilenos del liberalismo fue el autoritarismo presidencial consagrado en la Constitución de 1833.

Ese carácter autoritario lentamente se fue haciendo difuso a partir de 1861, fecha que coincide con la llegada de los liberales al gobierno, hasta desaparecer completamente después de 1891.

Desde ese año hasta 1920, la autoridad del presidente de la República se ve cercenada por la acción y presión del Congreso sobre él, en lo que se conoce como régimen parlamentario o Parlamentarismo.

El celo condujo al país a una situación de enfrentamiento de poderes que se expresa dramáticamente en la guerra civil de 1891.

La lucha entre los poderes legislativo y ejecutivo generó un largo estancamiento por la inacción que impidió continuar los planes realizados por el Estado hasta el período presidencial de Balmaceda (1886-1891).

Éste como presidente había tratado de realizar una activa labor de defensa de las riquezas nacionales – en particular del salitre – procurando no entregarlas a capitales extranjeros, como sucedió después de él.

Los liberales, por principio doctrinario, eran enemigos declarados de todo tipo de alianzas que implicaran ventajas especiales para grupos o instituciones.

Por lo mismo, proclamaban la necesidad de la separación de los poderes del Estado y la de éste respecto de la Iglesia.

Sostenían como inadmisibles las mutuas influencias entre la Iglesia y el Estado, pues ello dificultaba el libre culto y de paso daba ventaja a sus adversarios, los conservadores.

Hacia 1865, comienza una tensa lucha, puesta en evidencia en discusiones parlamentarias entre defensores de una estrecha relación Estado- Iglesia y los que pedían la supresión o modificación del artículo 5º de la constitución, que establecía que la Católica era la única religión oficial de Chile.

La proposición de modificación constitucional fue apoyada por liberales y radicales, que habían abandonado el partido liberal hacia fines de la década de 1850.

Así se fue constituyendo un movimiento anticlerical (no antirreligioso) que ponía acento en la neutralización de la acción de los sacerdotes más que a la acción de la institución Iglesia Católica.

Bajo el gobierno de Pinto se presenta la oportunidad de tomar la iniciativa para poner en práctica la vieja institución del patronato, según la cual, la autoridad política proponía a la autoridad eclesiástica un candidato para ocupar un cargo de jerarquía y, de acuerdo a la misma institución, normalmente era aceptado.

La proposición y las presiones del gobierno chileno ante la Santa Sede para que se designara un candidato de su confianza: Francisco de Paula Taforó como arzobispo de Santiago no fueron acogidas por Roma, a su vez presionada por los conservadores.

El rechazo atizó el ardor anticlerical, logrando bajo el gobierno de Santa María (1881-1886), promulgar una serie de normas legales que dieron prerrogativas al Estado sobre la Iglesia como en los casos de los cementerios, de la ley de matrimonio civil y de la creación del Registro Civil.

Todo ello provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de El Vaticano.

El anticlericalismo fue más bien un recurso político que salió a relucir en ocasiones no del todo propicias (como la educación, la validación de exámenes de alumnos de instituciones religiosas o supuestas ingerencias de enviados de El Vaticano en los asuntos internos).

La separación definitiva entre Estado e Iglesia se lograría con la Constitución de 1925.

En fin, de una u otra forma, las influencias liberales europeas fueron aplicadas en Chile con altibajos.

A modo de balance, el liberalismo dio a Chile grandes avances materiales y favoreció los cambios socio-culturales, pero su mayor saldo en contra fue el régimen político parlamentario, que sólo era aplicable en sociedades más evolucionadas social, política o culturalmente que la chilena.